Columnas Batarete

De estafas no tan magistrales

El modus operandi que utilizaron varias dependencias parece un ejemplo de libro que ilustra cómo una banda de malhechores de cuello blanco se dedicó a ordeñar el presupuesto nacional...

Por Ernesto Camou

Esta semana entró a prisión preventiva doña Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) acusada de desvío de dinero en una operación que ha recibido el nombre de "Estafa Maestra". Se trata de un caso al que no se debe vacilar en calificar como delincuencia organizada, en el que participaron varias dependencias del Gobierno federal desde al menos la última parte del periodo de Felipe Calderón y que continuó con inusitada perseverancia buena parte del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El modus operandi que utilizaron varias dependencias parece un ejemplo de libro que ilustra cómo una banda de malhechores de cuello blanco se dedicó a ordeñar el presupuesto nacional y en el empeño involucraron a varias instituciones educativas en una suerte de complicidad probablemente excusada en su momento por la crónica falta de recursos que sufren ese tipo de centros académicos.

Es necesario subrayar que desde el mismo Gobierno de Peña Nieto la Auditoría Superior de la Federación ya había detectado algunos convenios entre centros académicos y dependencias del Gobierno que consideró de principio irregulares y muy pronto ilegales. Sin embargo, fue un grupo de periodistas de la revista Animal Político y la asociación Mexicanos contra la Corrupción, quienes investigaron y expusieron públicamente la trama de un fraude descomunal en contra de las arcas nacionales. Ellos descubrieron que a lo largo de varios años la Sedesol, Banobras, Pemex, Fovissste, el Registro Nacional Agrario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de Educación Pública, y la de la Función Pública encargaron a un total de nueve universidades en los estados de México, Morelos y Tabasco una serie de proyectos operativos y de investigación, que ellas, a su vez subcontrataron irregularmente a un total de 186 empresas de las cuales 128 al menos no tenían personalidad o capacidad jurídica para que se les adjudicaran esos programas.

El desembolso total fue de 7 mil 670 millones de pesos, y se comprobó que más o menos la mitad, 3 mil 433 millones, se esfumó casi al momento en que las supuestas empresas subcontratadas recibieron los fondos. El negocio parecía redondo: Las universidades cobraron por comisiones un total de mil 006 millones de pesos, sólo por prestarse a triangular los fondos y subcontratar empresas fantasmas o incapacitadas para establecer convenios con el Gobierno federal: Ellas pasaron el grueso del dinero a entidades sin domicilio ni infraestructura adecuada para cumplir los objetivos; en algunos casos las compañías fueron desmanteladas un día después de haber recibido las sumas millonarias. No hubo, además, seguimiento ni evaluación del cumplimiento de los contratos.

Los reporteros investigadores encontraron en Tabasco a un “accionista” de alguna empresa: Se trataba de una persona que era conserje en una escuela rural cerca de Villahermosa. Cuando le preguntaron por qué su nombre aparecía como dueño de acciones de una entidad inexistente, su respuesta fue transparente: Que antes trabajaba limpiando un despacho de abogados y ahí usaron sus datos.

De manera parecida una empleada de un bufete legal de la misma ciudad se enteró que era “dueña” de una empresa que había cobrado más de 500 millones de pesos unos años antes. Conviene aclarar que al menos dos tercios de las “empresas” no iniciaron proyecto o trabajo alguno, y menos presentaron avances o resultados de las encomiendas por las que cobraron.

Otras sí: La Universidad del Estado de México asignó a seis empresas varios proyectos de asesoría, investigación o promoción por sumas multimillonarias. Por cada una cobró comisión, y solamente una de las seis entregó algún resultado, el resto cobró e hizo mutis.

Con esta triangulación las dependencias intentaron sortearlos candados para entregar recursos a sociedades no habilitadas para recibirlos: Contrataron a universidades, y a ellas les pidieron el trabajo sucio.

El timo inició hace casi 10 años, ahora el Gobierno busca remediar lo que no hicieron los anteriores. Se debe ir contra toda la banda, y que caigan más políticos encumbrados y rateros.

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